En un operativo conjunto con los ministerios de Desarrollo Productivo y Economía, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) dio de baja a más de 15.000 usuarios del beneficio de tarifa social, tras detectar abusos, fraudes y múltiples irregularidades en el acceso al subsidio estatal.

Entre los casos detectados figuran suministros registrados a nombre de personas fallecidas, propiedades en barrios de alto valor inmobiliario, inmuebles en alquiler, locales comerciales, y usuarios inscriptos como responsables tributarios ante el fisco provincial (ARCA), lo que contradice los requisitos del beneficio destinado exclusivamente a hogares de bajos ingresos.

CASOS QUE ENCENDIERON LAS ALARMAS:

El consumo promedio de un hogar con tarifa social ronda los 700 a 800 kW bimestrales. Sin embargo, se identificaron casos donde los consumos superaban ampliamente esos valores:

• En barrios residenciales se detectaron usuarios con consumos de hasta 6.500 kW, con facturas por $1.477.057, de los cuales $448.820 fueron subsidiados por el Estado.
• En Funes, un beneficiario con tarifa social pagó solo $17.584 sobre un consumo total de $720.000, lo que obligó al Estado a cubrir $703.083.
• En solo uno de los circuitos de medición, durante abril, 13 usuarios con tarifa social presentaron consumos superiores a 5.000 kW, por lo que el Estado debió compensar $4.681.000.

También se detectaron beneficiarios con actividad económica declarada, jubilados que ya no residen en el domicilio registrado y otras inconsistencias que vulneran el espíritu del programa.

CONTROL Y EFICIENCIA

Desde el gobierno provincial destacaron que el objetivo de la Tarifa Social es garantizar el acceso a un consumo eléctrico razonable para los sectores más vulnerables, y que las distorsiones detectadas atentan contra la equidad y el uso eficiente de los recursos públicos. “Estos controles buscan asegurar justicia distributiva. No podemos permitir que los excesos de unos pocos sean financiados por el esfuerzo de todos los santafesinos”, señalaron desde la EPE.

En los próximos días, se intensificarán los operativos de auditoría y cruce de datos, con el objetivo de depurar el padrón de beneficiarios y reorientar el subsidio hacia quienes verdaderamente lo necesitan.