La Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista formalizó la investigación contra cuatro hombres y una sociedad por acciones simplificadas por los delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. La causa se originó en marzo de 2025, luego de que personal de Gendarmería Nacional incautara 357.210.000 pesos ocultos dentro de un vehículo durante un control de rutina en la zona rural de Avellaneda.

El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional Nº11, a la altura del paraje El Timbó. Allí, los efectivos detuvieron un Toyota Corolla Cross que provenía de la provincia del Chaco. Durante la inspección detectaron irregularidades en los plásticos del interior del vehículo. En ese momento, el conductor, identificado como Fernando Viñuela, solicitó que no dañaran el rodado y mostró cómo retirar las piezas del tablero.

El dinero estaba oculto en distintos compartimientos del automóvil, detrás de las salidas de aire acondicionado, el sistema de sonido, el volante y la palanca de cambios.

De acuerdo a los fiscales Roberto Salum y Bruno Ojeda, el traslado del dinero no habría sido un hecho aislado. La investigación determinó que el conductor formaría parte de una estructura organizada junto a los socios de una empresa de repuestos de la ciudad de Resistencia, identificados como P.M.T. y M.F., además de una cuarta persona, C.E.F.

Según la acusación, el vehículo –propiedad de uno de los socios– habría sido acondicionado especialmente para evitar controles. Además, los involucrados contaban con un documento certificado ante escribano titulado “autorización para el uso de automóvil y administración de dinero”, que permitía justificar montos de hasta 800 millones de pesos. Para la fiscalía, ese documento funcionaba como respaldo ante un eventual descubrimiento del dinero transportado.

Los investigadores también detectaron, mediante informes de tránsito, que el vehículo realizaba viajes frecuentes cada dos días hacia las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, movimientos que no coincidían con la actividad comercial declarada por la empresa.

En el marco de la causa, el 18 de febrero de 2026 se realizó un allanamiento en la sede de la firma en Resistencia. Allí se secuestraron ocho millones de pesos en efectivo, máquinas contadoras de billetes y talonarios de recibos en pesos y dólares, elementos que para el Ministerio Público Fiscal confirmarían la existencia de una intermediación financiera clandestina bajo la fachada de la venta de repuestos.

El juez de Garantías Aldo Mario Alurralde hizo lugar a la formalización de la investigación. El conductor y los accionistas de la empresa fueron imputados como coautores de lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, mientras que a C.E.F. se le atribuyó la coautoría en el delito de lavado.

Además, el magistrado dispuso un embargo por 2.000 millones de pesos sobre los imputados, junto con la inmovilización de cuentas bancarias y el congelamiento de cajas de seguridad. También se les prohibió salir del país y deberán presentarse mensualmente ante Gendarmería.

Debido a la complejidad del caso y a que involucra movimientos en distintas jurisdicciones, el juez otorgó un plazo de un año para continuar con la investigación.