El Gobierno de la provincia de Santa Fe lanzó una dura advertencia ante el crecimiento de amenazas en establecimientos educativos y exigió un mayor compromiso de toda la comunidad educativa para prevenir estos hechos.

Durante una conferencia de prensa, autoridades provinciales remarcaron que este tipo de situaciones no son bromas, sino delitos de intimidación pública que tienen consecuencias penales concretas, incluso cuando los responsables son menores de edad.

En ese sentido, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que en una sola jornada se registraron 65 incidentes en escuelas de toda la provincia, lo que obligó a desplegar numerosos operativos policiales.

Desde el Gobierno explicaron que cada intervención tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos, por lo que se avanzará judicialmente para que los responsables afronten esos gastos. En el caso de menores, serán sus padres quienes deberán responder económicamente.

Además, se advirtió que las causas penales, incluso en el fuero juvenil, pueden generar antecedentes que afecten a futuro, como la imposibilidad de obtener certificados de buena conducta o viajar al exterior.

Por su parte, desde el Ministerio de Educación se insistió en la necesidad de un “rol activo” de las familias, remarcando que la escuela por sí sola no puede abordar esta problemática. También se vinculó el fenómeno con desafíos virales y el uso irresponsable de redes sociales.

Finalmente, las autoridades destacaron que se reforzaron los protocolos de actuación y el trabajo conjunto con la Justicia, al tiempo que reiteraron el llamado a la responsabilidad social para evitar que estos episodios continúen afectando el normal desarrollo de las clases.