La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) manifestó su rechazo al proyecto de ley que impulsa el Gobierno nacional para reducir la edad de imputabilidad penal. La postura fue difundida mediante un comunicado emitido el miércoles 4 de febrero de 2026.

Desde la organización sindical señalaron que es responsabilidad del Estado garantizar los derechos de niños, niñas y jóvenes, y advirtieron sobre la necesidad de implementar políticas públicas orientadas a la justicia social, con mayor inversión en educación, salud, vivienda y programas de prevención de adicciones.

CTERA sostuvo que la eventual aprobación de la iniciativa representaría un retroceso para la sociedad argentina. En ese sentido, advirtió que el sistema penal juvenil propuesto por el Poder Ejecutivo no soluciona los problemas existentes, sino que los profundiza, al transformar en acusados a jóvenes que, según indicaron, son víctimas de un modelo que vulnera derechos sociales y debilita áreas clave como la salud, la educación y la cultura.

En el comunicado, la entidad responsabilizó directamente al Gobierno de Javier Milei por la actual crisis de seguridad. Afirmaron que las políticas oficiales generan mayor inseguridad social a partir de despidos, la pérdida del poder adquisitivo de los sectores populares, la falta de asistencia alimentaria y el debilitamiento de la escuela pública.

Además, cuestionaron el endeudamiento del país, la represión de manifestaciones, las agresiones hacia las disidencias y las prácticas políticas utilizadas para obtener respaldo legislativo. Para CTERA, estas decisiones configuran el principal factor detrás de la problemática de seguridad, y no la conducta de los jóvenes.