El juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, autorizó a Algodonera Avellaneda S.A. a vender un inmueble que posee en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de obtener fondos para afrontar deudas urgentes, entre ellas el pago de salarios y otros compromisos necesarios para evitar la quiebra de la empresa.

La propiedad, ubicada en la calle Luis Sáenz Peña 1074, será vendida a la empresa Portland Administradora Fiduciaria S.A. por un monto de 1.900.000 dólares, en el marco del régimen de administración vigilada del concurso.

El magistrado tuvo en cuenta que la empresa atraviesa una situación crítica, con actividades paralizadas, sin capital de trabajo y con salarios impagos. Además, el inmueble se encuentra desocupado y no cumple una función productiva, por lo que su venta permitiría generar liquidez inmediata para afrontar obligaciones urgentes.

Entre los destinos de esos fondos se encuentran el pago de salarios adeudados a los trabajadores y la cancelación de otras deudas necesarias para intentar reactivar la planta mediante el sistema de fasón. Para ello también es necesario cubrir importantes compromisos posconcursales, entre ellos de energía eléctrica.

En el proceso de ofertas, Portland Administradora Fiduciaria superó la propuesta presentada por la empresa reconquistense Proyección Electroluz, al ofrecer 150.000 dólares más. No obstante, la oferta de Electroluz quedará como segunda opción hasta que se confirme el cumplimiento de la propuesta ganadora.

El juez consideró que la venta representa un “sacrificio de la masa”, pero que resulta razonable para obtener liquidez y así intentar sostener la continuidad de la empresa y preservar más de 300 puestos de trabajo.

La autorización fue otorgada luego de analizar distintas opiniones dentro del proceso concursal, entre ellas las de los síndicos y los trabajadores, quienes se manifestaron a favor de la operación ante la situación económica de la compañía.

Sin embargo, la venta aún no está completamente firme. Para concretarla, el magistrado solicitó al juez federal de Buenos Aires el levantamiento de la inhibición general de bienes que pesa sobre ese inmueble en el marco de una causa penal en la que se investigan presuntas irregularidades vinculadas a créditos otorgados por el Banco Nación.

El inmueble cuenta con una superficie cubierta de 3.694 metros cuadrados sobre un terreno de 1.822 metros cuadrados. Posee oficinas amplias, salas de reuniones, espacios de coworking, comedor para el personal, estacionamiento con capacidad para más de 20 vehículos, un amplio subsuelo destinado a almacenamiento, zona de carga y descarga de camiones, ascensor y montacargas.

La empresa presentó en su momento una tasación que ubicaba el valor del inmueble en 4.315.000 dólares, mientras que el Banco Nación estimó un valor de mercado de 3.058.219 dólares y un valor de remate de 2.243.150 dólares. Pese a ello, el juez consideró que la oferta aceptada es la mejor disponible en el contexto actual de crisis que atraviesa la compañía, que lleva 15 meses en concurso sin lograr acuerdos suficientes con sus acreedores.